Un grupo de familiares de Policías de Barranquilla protestaron este miércoles a las afueras de la Clínica Regional de la Policía en la Circunvalar por la falta de atención y terapias a los hijos de los uniformados que padecen algún tipo de discapacidad. Desde el mes de agosto tienen suspendidos los servicios porque los contratos se terminaron y no han sido renovados.

"Esta es una problemática de cada año. A mediados de julio terminó el contrato con CENCAES y ellos no tenían previsto el plazo para una nueva licitación y los niños no están siendo atendidos", dijo Liliana Gutiérrez quien a nombre de los manifestantes pidió un contrato de urgencia ya que ellos ganaron tutelas por las que deberían garantizarles las terapias. 

"Mi hija ya mostró rastros de involución", aseguró Gutiérrez sobre su hija Natalia Jácome.

Los afectados son niños con discapacidad cognitiva, auditiva, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, retraso psicomotor, entre otras problemáticas. 

Javier Varela, agente pensionado y uno de los manifestantes, indicó que “nosotros estamos en el régimen especial de la Policía, todos somos pensionados, hijos de activos e hijos de pensionados. La problemática que se viene presentando desde hace mucho tiempo, que no es de hoy, ni de ayer, es con la cuestión de las terapias especiales tipo ABA y de neurodesarrollo, que son contratadas con especialistas en diferentes IPS, pero no tenemos frecuentemente el servicio todo el año porque ellos no prevén las contrataciones. Ellos licitan 3 o 4 meses y luego demoran 5 meses más licitando y la excusa es que se acabó el contrato”. 

Según Varela ese lapso perjudica a los pacientes que ya han empezado a mostrar dificultades y retrasos en su proceso de desarrollo. 

“Nos están llamando para recibir una atención que no es la adecuada pues son terapias ocupacionales, terapias básicas que los niños no las necesitan porque ellos requieren son terapias de tipo ABA. No es lo mismo que te hagan una terapia física de estiramiento de brazos, de codos y pies, a que te hagan una neural, de más alto nivel”, indicó Varela. 

Los padres que protestaron indicaron que con la suspensión de los tratamientos, la Policía “incumple los fallos los fallos de tutela ordenados por los jueces para esas terapias. Yo particularmente tengo tutela para 120 terapias ABA y 80 de neurodesarrollo, y tengo tres meses que no recibe terapia mi hija”, señaló el padre de Claudia Varela Sánchez, quien padece parálisis cerebral y retraso psicomotor. 

Para los afectados hay un agravante relacionado con “darle el contrato al mejor postor”. 

“Aquí se ve mucho la mermelada, porque la mermelada existe en el Gobierno y también en las contrataciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se manejan muchos intereses de por medio, hay muchos intereses creados y le dan el trabajo al amigo del coronel de la Policía y a los altos mandos, mientras los pacientes nos jodimos, porque las IPS a la que están remitiendo a los niños no son adecuadas, no están dotadas de especialistas ni de los mejores recursos técnicos”, señaló Javier Varela. 

Sobre las tutelas

Explicó Liliana Gutiérrez que “este proceso de tutelas empieza porque la Unidad de Sanidad de la Policía Nacional, regional Caribe, venía negando este tipo de tratamiento a los chicos. Eran tratamientos ordenados por especialistas y todos nos tuvimos que ver en la obligación de llegar hasta estas consecuencias de entablar acciones legales para poder hacer valer esos derechos de nuestros hijos”. 

El tratamiento ABA consiste en un método conductual que se aplica a las terapias convencionales como fonoaudiología, psicoterapia , terapia ocupacional, educación especial. “En esa terapia se le exige al chico, se le da órdenes y se le exige que las cumpla, este método es muy valioso y casi que contundente para la evolución y su rehabilitación”, explicaron los padres afectados. 

Un caso especial

Natalia Jácome tiene 24 años. Es hija de un oficial pensionado de la Policía y cuando tenía 10 meses de nacida fue diagnosticada con un retardo psicomotor. De ahí empezó un tratamiento de terapias convencionales y tres años más tarde fue diagnosticada con autismo. 

“Mi hija ahora mismo tiene un diagnóstico desde hace 21 años de autismo con un retardo mental y motor agregado”, dijo su madre. 

“Desafortunadamente vivimos en un país donde no hay inclusión ni en los colegios del Estado ni en los colegios privados. Mi hija no ha tenido una educación académica puesto que siempre ha sido rechazada por ser una chica que no controla esfínteres. Si uno como madre va a pedir un cupo para ellos te exigen que sean totalmente funcionales y tristemente mi hija a la edad que tiene  no ha logrado ser funcional porque el tratamiento ha sido pobre, y pobre por esto mismo que estamos denunciado ahora”, contó la desesperada mujer. 

“Le hacen tratamiento un año y luego 5 y 6 meses sin terapia, ahí pierden todo lo que evolucionaron. Mi hija llegó a 24 años y desafortunadamente no es una chica funcional, depende de mí para todo. Fue por 9 años a un colegio, pero llegó un momento en que son tantas las presiones en que nosotras como madres tenemos, que nos agobiamos. Yo soy madre cabeza de hogar, el papá me dejó sola con la obligación de la niña y esto ha sido muy difícil”, explicó Gutiérrez. 

Como el de Natalia, son cientos los casos de niños y jóvenes discapacitados que deberían tener garantizados sus derechos de forma ininterrumpida, pero las falencias al interior de la Policía Nacional han perjudicado la rehabilitación y el desarrollo de una vida digna.

Lo que piden

Osvaldo Vargas, sargento primero pensionado, es el padre de Cristopher Vargas, un niño que tiene autismo y cuya condición ha tenido un retroceso por la intermitencia de las sesiones. Vargas y los manifestantes piden a la Policía Nacional que agilicen los procesos de contratación, emitan un contrato de urgencia y nos los desamparen. 

“Hay extraviados 47 millones de pesos porque a los niños los iban mandar para una fundación que se llama Cambiando Vidas por 15 días mientras que salía la licitación, pero hace tres meses nos están engañando. Que vengan hoy, que vengan mañana y esos 47 millones eran lo que iban a gastarse los niños en esos 15 días, pero cuando la coronel encargada habló con nosotros la semana pasada, ni ella sabía que había pasado con esa plata. Ni ella, ni el teniente de jurídica, nadie sabe dónde está ese dinero”, señaló el sargento pensionado y añadió que su hijo debería recibir tratamientos como equinoterapia, acuaterapia y terapias avanzadas, pero no le han cumplido con el trabajo de recuperación. 

“Pedimos que nos ayuden, nos atiendan, corten los tiempos de espera en la licitación y tengan previsto cuándo se acaba un contrato para que los niños no queden a medias”, finalizaron los padres de familia.